La suspensión del proceso a prueba

El objetivo de la reforma constitucional en materia penal y de seguridad pública a implementarse en toda la República Mexicana a partir del dieciocho de junio de dos mil ocho, y como límite el cada vez más cercano mes de junio de dos mil dieciséis, es que las personas que estén señaladas como autores o participes de un delito sean sancionados por jueces imparciales y como resultado de un procedimiento penal transparente, ágil, confiable y eficiente, con un trato digno y humano para el imputado y la víctima u ofendido del delito, a partir de respetarles los derechos que les reconoce y concede la propia ley, la constitución y los instrumentos internacionales suscritos por el Estado mexicano.

Pero esta nueva forma de impartir justicia no tiene como prioridad castigar, sino re¬solver el conflicto social que subyace a los delitos y dar soluciones satisfactorias a las necesidades de integración social que manifiestan los autores con su conducta y quienes sufran daños o menoscabos en su patrimonio por la comisión de eventos delictivos, conforme a una justicia restaurativa, entendida como el proceso en el que participan la víctima y el imputado en busca de recomponer hasta donde sea posible el tejido social afectado por el delito.

Para lograr este cambio sustancial, la operatividad del nuevo sistema acusatorio adversarial se sustenta en mecanismos procesales que permitirán que un reducido número de asuntos lleguen a la audiencia de debate y concluyan con una sentencia, los expertos destacan que sólo el treinta por ciento de los conflictos se presentarán en esa condición, y el setenta por ciento, se concluyan a través de las denominadas salidas alternas o mecanismos alternativos de solución de controversias.

Una de esas instituciones que permitirán que se descongestione el sistema y que se cumplan sus fines es la suspensión del proceso a prueba, que conlleva la renuncia del imputado a ciertas condiciones, a efecto de llegar a un juicio oral, así como la posible imposición de penas, siempre que se cumplan ciertos requisitos o condiciones fijados por el juez, en delitos que no afectan de manera trascendente el orden social.

En efecto, los fines de la suspensión del proceso a prueba no pueden ser otros que: a) evitar la continuación de la persecución penal y la eventual imposición de una sanción punitiva al imputado que podría ocasionar que sufriera un proceso de estigmatización; b) atender los in¬tereses de la víctima, a quien se reparará el daño que le fue causado; c) ra-cionalizar la intervención de la justicia penal, logrando, por la evitación del trámite del proceso, ahorro de recursos estatales, la descongestión o descarga de casos tramitados y la concentración de los órganos del sistema penal en la persecución y juzgamiento de los delitos más graves o de mayor impacto social; y, d) lograr efectos pre¬ventivos especiales sobre el probable autor o participe para hacer posible el fin de la reinserción social.

Cabe destacar que el rol de la víctima en la suspensión del proceso a prueba no es decisiva en su otorgamiento, ya que su eventual oposición no vincula al juez para no autorizar esta salida alterna; no obstante, como director del proceso, el juez tiene la obligación de procurar el respeto de los derechos de la víctima incluido el resarcimiento del daño causado con motivo del hecho.

Pero, qué condiciones pueden ser fijadas por el juez para el trámite de esta forma anticipada de concluir el proceso. Al respecto, el numeral 324 del nuevo Código Procesal Penal para nuestro estado, determina una variedad de supuestos que pueden exigirse al imputado, que se fijarán de acuerdo con la naturaleza del delito y los aspectos personales del imputado, porque van desde obligarlo a residir o dejar de frecuentar un lugar determinado; abstenerse de consumir drogas o estupefacientes o de abusar de las bebidas alcohólicas; participar en programas especiales para la prevención y tratamiento de adicciones; aprender una profesión u oficio, o realizar cursos de capacitación en el lugar o la institución que determine el juez; someterse a tratamiento médico o psicológico; tener un trabajo o empleo.

¿Quién está legitimado para solicitar la suspensión del proceso a prueba? Lo primero que hay que decir es que la suspensión no procede de oficio, porque el juez no puede promoverla o dictarla por sí mismo. Necesita el impulso de algún actor legitimado por la ley que le solicite su trámite. Según el ordenamiento procesal antes invocado, los sujetos legitimados para solicitar la suspensión son el imputado y el Ministerio Público.

El otorgamiento de la legitimación a dichos sujetos procesales es de extraordinaria importancia para definir la naturaleza de este mecanismo procesal. Para el Ministerio Público esta facultad es una atribución discrecional que forma parte de la función de persecución que realiza, mientras que para el imputado es un auténtico derecho derivado de su condición jurídica.

El Ministerio Público al ejercer la facultad de presentar al juez una solicitud de suspensión del proceso, expresa su decisión de no continuar la persecución penal y no llevarlo a juicio oral, por considerar que se corresponde con los fines del sistema penal, las políticas de persecución que la institución a la que pertenece tiene diseñadas e implementadas, y con los intereses de la víctima; mientras que el imputado, al presentar la solicitud, manifiesta su deseo de no ser sujeto a proceso y su conformidad con atender las exigencias de reparación de los daños sufridos por la víctima y someterse voluntariamente a algunas reglas de conducta durante cierto lapso, aun renun¬ciando a algunos de sus derechos.

La presentación de la solicitud por parte del Ministerio Público implicará que éste ya valoró lo que resulta más con¬veniente para la víctima y el imputado, y que efectuó un diagnostico positivo sobre la conducta futura de éste; es decir, estimó que la suspensión del proceso a prueba es suficiente para evitar que no vuelva a cometer delitos y lograr su reinserción social, y consideró lo que es más satisfactorio al sistema e incluso al trámite de su propio caso por el cúmulo de evidencia con que cuenta.

Es necesario tener presente que no en todos los delitos resulta procedente la suspensión del proceso, ya que se concreta a aquellos cuya pena máxima de prisión no exceda de cinco años, y se requiere que el imputado no haya sido condenado por delito doloso, que no esté gozando del mismo beneficio por otro delito en proceso diverso y no exista oposición fundada del Ministerio Público, de la víctima u ofendido.

Además, podrá solicitarse en cualquier momento hasta antes de acordarse la apertura de juicio oral y conforme a los hechos precisados en el auto de vinculación a proceso, y en el supuesto de que el imputado no cumpla con las condiciones que le fueron fijadas, se reanudará el trámite del proceso hasta su total conclusión.

Por el contrario, cuando el imputado cumpla satisfactoriamente con las condiciones fijadas por el juez en el plazo señalado, tiene como efecto la extinción de la acción penal y el tribunal puede dictar de oficio o a petición de parte el sobreseimiento del proceso, que tiene los efectos de una sentencia absolutoria, por tanto, no registraría antecedentes penales que le producirían un estigma frente a la sociedad.

De lo hasta aquí expuesto podemos llegar al convencimiento de que la suspensión del proceso a prueba constituye una de las bondades del nuevo sistema, si consideramos que tiene como prioridad reparar el daño a la víctima, una asignatura pendiente por mucho tiempo que se hace realidad en este nuevo sistema; con esta salida se logra la reinserción del imputado a la sociedad sin que exista una sentencia de condena, aspecto por demás novedoso que rompe con el viejo paradigma que sólo a través de una pena se puede lograr la prevención general y especial que busca el Estado al ejercer su facultad sancionadora. Y al concluir de esta manera el proceso, por vía de consecuencia, se evita que el sistema se sature en el número de asuntos que deben de llegar a la audiencia de juicio.

Con todas estas ventajas señaladas, cobra vigencia la justicia restaurativa en la procuración e impartición de justicia que todos anhelamos, y deja de lado las posturas negativas de quienes consideran que la inserción de este tipo de mecanismos procesales en el nuevo sistema penal acusatorio demuestran el reconocimiento de la ineficiencia del actual sistema penitenciario; porque, no debe perderse de vista, que esta forma de satisfacer las necesidades que surgen por la comisión de un evento delictivo sólo puede aceptarse como parte del avance democrático que se vive en el país.

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